La Gaceta

A la fiesta la paga el abuelo

ÁLVARO JOSÉ AURANE

No sólo hay cuestiones ideológicas, históricas o programáticas en las tensiones que se dan, en términos del discurso político, entre el oficialismo y la oposición. Hay también un modelo clásico que no ha perdido vigencia, acuñado por el ineludible sociólogo alemán Max Weber. Es conocida su diferenciación entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. En términos prácticos, la “ética de la convicción” es la del “deber ser” y es el discurso de toda oposición. La “ética de la responsabilidad”, en cambio, es la que se refiere a aquello que efectivamente puede hacerse y, anclada en lo fáctico, es la prédica de todo oficialismo.

Por desgracia, el pensamiento maniqueo, que todo lo reduce a un “River vs. Boca” eterno, malversa esa distinción. Los oficialismos cuestionan la “ética de la convicción” como el rezongo de idealistas ingenuos carentes de todo sentido de realidad. Los opositores, en tanto, critican la “ética de la responsabilidad” como la coartada de gobiernos carentes de toda moral. Weber previno contra estas falacias. “No es que la ética de la convicción sea idéntica a la falta de responsabilidad o la ética de la responsabilidad a la falta de convicción. No se trata de esto”.

¿De qué se tratan, entonces, una y la otra? La “ética de la convicción”, dirá Weber, “se rige únicamente por principios morales y donde siempre y por encima de todo, se deben respetar estos principios, como por ejemplo ‘decir la verdad’, independientemente de las circunstancias. Y por tanto la mentira, por más excepcionales que sean las circunstancias, siempre será un comportamiento ilícito, éticamente reprobable”. La “ética de la convicción”, en cambio, “considera que el criterio último para decidir ha de fundamentarse en la consecuencia de la acción. O sea, decir la verdad continua siendo el principio moral de referencia, pero no se puede aplicar de forma automática”.

Es decir, cuando una y otra ética entran en tensión respecto de la verdad -para tomar el ejemplo de Weber-, la discusión tiene que ver, en un punto, con la oportunidad: cuándo es oportuno decir la verdad. Unos dirán “automáticamente” (que equivale a “siempre”); los otros dirán que hay que decir la verdad, pero cuando sea conveniente. Pero en ningún caso mentir es una opción. En ningún caso, claro está, si se hablará de ética.

Luego, por supuesto, está el caso de la Argentina actual. Donde las últimas medidas financieras del Poder Ejecutivo Nacional consisten en hacer todo lo contrario a lo prometido en

2019.

“Modelo”

“El Fondo de Garantía Sustentable va a ser para los jubilados. No para que les den préstamos, sino para mejorar sus ingresos. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer?

Vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados recomponiendo los ingresos de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos”. Ese fue el compromiso público de Alberto Fernández el 22 de julio de 2019, en un acto proselitista en Lomas de Zamora. El video aún puede verse en la cuenta oficial de la agencia de noticias estatal, Télam, en Youtube.

Ayer, el Boletín Oficial de la Nación publicó el decreto de necesidad y urgencia 164, refrendado por el Presidente de la Nación (y sus ministro), que hace todo al revés respecto de lo que dijo. Específicamente, obliga al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses a entregar sus títulos públicos en dólares al Tesoro de la Nación. A cambio, recibirá títulos pagaderos en pesos. A escala, como llevarse los dólares que tiene guardados el abuelo en la mesa de luz y canjearlos por esos billetes anaranjados que tienen impresos un hornero que nunca vuela y un valor nominal que todos los días pierde poder de compra.

El abuelo probablemente nunca haría cosa semejante. Por eso ahorró en dólares y no en pesos. Cualquier otro ahorrista y cualquier otro inversor tampoco accederían voluntariamente a ese canje. Sin embargo, el Gobierno del Presidente que aseguró que “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a ser para los jubilados” acaba de obligar a la Anses a hacerlo de prepo.

El “modelo” kirchnerista, según el cual el Estado debe pagarlo todo, agoniza. El cuarto gobierno “K” confirma que nunca anunció un plan económico, sencillamente, porque no hay ningún “programa” capaz de hacer viable semejante disparate de “modelo”. La fiesta termina mal. Y los pregoneros de la “redistribución de la riqueza” decidieron que va a pagarla el abuelo…

Razón y misión

Hoy, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuenta con aproximadamente 11.500 millones de dólares en títulos. El Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, planea tomar 4.000 millones de dólares. Es decir, el 35% de esos recursos. Lo que repercutirá en una sensible perdida de calidad de los activos de la Anses para sostener el sistema previsional.

¿Qué es este fondo en cuestión? “El FGS fue creado por el Decreto N° 897 del 13 de julio de 2007, siendo un patrimonio de afectación especifica. Está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cédulas hipotecarias, préstamos a provincias y a beneficiarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino)”, se explica en web oficial de la Anses, en la sección “Preguntas Frencuentes”.

¿Cuál es su misión? “Preservar el valor del patrimonio del FGS buscando la rentabilidad de sus recursos, los que podrán ser utilizados para pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino”, es el objetivo primero.

Reemplazar una porción sustancial de sus títulos en dólares por pesos no luce como una medida destinada a preservar el valor del patrimonio. Pero esa colisión no tiene que ver ya sólo con oponer “convicción” contra “responsabilidad”. El proceder del cuarto gobierno kirchnerista no sólo es contrario con respecto a lo que dijo que iba a ser: también está reñido con la ley.

“El activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía real a efectos de garantizar el círculo virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social”, manda el artículo 8 de la Ley 26.425. Pesificar la cartera dolarizada de la Anses se parece, mucho, a hacer exactamente lo opuesto a lo que el derecho vigente establece.

Canjes y joyas

¿Para qué decide semejante maniobra el Gobierno que prometió que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad iba a ser para los jubilados? La respuesta financiera es que busca aliviar la presión sobre la demanda de dólares y, consecuentemente, que siga subiendo la cotización de la divisa extranjera en desmedro del peso argentino. Claramente, a quien le sobra plata en la Argentina busca dolarizar esa cartera. Y a nadie le sobra tanta plata como a los bancos y las financieras. Como las reservas del Banco Central son exiguas (como consecuencia de las sequías que afectan la producción, de las políticas que desalientan la exportación y del déficit por el gasto público incontenible), ofrecerán títulos dolarizados como alternativa.

De ello devienen dos situaciones centrales. La primera es que el Tesoro Nacional tendrá que responder por esos títulos a tasas demenciales (45%, según la oposición, dado el porcentaje que pagan hoy; 25% según el oficialismo, porque se venderán los títulos no a valor de dólar oficial ($ 212 para la venta) sino del “Contado con Liqui” (397 para la venta). En cualquier caso, son tasas para un Estado en “default” o, cuanto menos, al borde de ese precipicio.

Pero también hay una respuesta política: el Gobierno busca “comprar tiempo”. Es decir, se trata de un nuevo capítulo en el cada vez más desesperado “Plan Lleguemos”. El problema es que esas “conejos de la galera” le dan cada vez menos tiempo a un Gobierno cada vez menos creíble.

El acuerdo con el FMI que piloteó a comienzos de 2022 el ex ministro de Economía Martín Guzmán rindió seis meses. El anuncio de recompra de deuda de Massa, en enero pasado, no duró ni una semana y los mercados se desplomaron. El último anuncio de un canje de bonos que vencen este año por otros con seguro que los preservara de la inflación o de la devaluación apenas si duró un par de días. El Ministerio de Economía pretendió que, de los 18.000 millones de dólares que ponía en canje ya tenía acuerdos por la mitad; luego aseveró que entrarían a la operatoria unos $ 7.000 millones de dólares; finalmente canjeó unos $ 4.500 millones de dólares. De hecho, abundan los analistas económicos que sostienen que este manotazo a la caja de los jubilados es una rueda de auxilio para el “pinchado” canje de hace un par de semanas.

“Sí” y “No”

¿Cuánto tiempo comprará esta vez el gobierno? No será mucho. Pero en el mejor de los casos, queda claro que si basta para “llegar” a las elecciones, habrán usado “las joyas de la abuela” para comprar tiempo para el kirchnerismo, y no justicia social para los jubilados.

Esto, claro está, también entra en abierta contradicción con el discurso de julio de 2019 de Alberto Fernández. En realidad, el cuarto gobierno “K” resolvió, temprano nomás, hacer todo lo contrario a lo que se había comprometido durante la campaña.

Aquello de que “vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados recomponiendo los ingresos de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos” fue al revés. Si estuviese vigente el régimen de movilidad jubilatoria de la Ley 27.426, sancionada en 2017 por un Congreso que sobrevivió a una lapidación de 14 toneladas de piedras arrojadas durante una protesta, los jubilados argentinos cobrarían este mes, en promedio, un 9,5% más. Ese importe (aclara la periodista Silvia Stang en un informe en el diario La Nación) resulta al considerar sólo el haber mensual propiamente dicho, sin contar los “bonos” que adiciona el actual Gobierno, en compensación por el hecho de que con el régimen actual a los jubilados se les paga menos.

Eso sí: no hay manifestantes lanzando disparos de mortero contra el Poder Legislativo de la Nación ni colectivos de actores filmando videos con la consigna “Con los jubilados, no”. Evidentemente, durante el cuarto kirchnerismo, “con los jubilados, sí”. Y de todo. Y lo hacen con absoluta convicción, sin ninguna responsabilidad, y despojados de toda ética.

OPINION

es-ar

2023-03-24T07:00:00.0000000Z

2023-03-24T07:00:00.0000000Z

http://e-edition.lagaceta.com.ar/article/281728388766704

Diario La Gaceta