“Cuando adviertas que para producir necesitas autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes sino favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada”. Diremos irónicamente que: cualquier parecido o similitud con nuestra realidad es una mera coincidencia, y aunque parezcan expresiones extraídas del discurso de algún candidato, las mismas no son de ahora porque pertenecen al siglo pasado cuando una escritora rusa, nacionalizada estadounidense, supo amar la libertad, tenerla como bandera y escribir un libro como lo fue: “La rebelión de Atlas”, a él pertenecen esas reflexiones iniciales. Nacida el 2 de febrero de 1905 en San Petersburgo: Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida como Ayn Rand, en 1925 viajó a EEUU y allí se quedó para siempre. Defensora de los derechos individuales supo destacar siempre la libertad para el progreso. Decía: “La creatividad, la innovación y el progreso necesitan siempre de libertad para poder brotar”. Sus principales obras de ficción fueron: “El Manantial”, “La rebelión de Atlas” y ya en 1936 había publicado “Los que vivimos” con contenido autobiográfico donde narraba la vida dramática de una mujer de espíritu independiente bajo el régimen totalitario soviético. Fue la filósofa que defendió de una manera lógica y sistemática los derechos individuales, enemiga implacable de aquellos que sacrifican la libertad del hombre a los caprichos de los políticos, edictos de burócratas y envidia de igualitaristas. Combatió la demonización de la figura del empresario tan típica de nuestra Latinoamérica en donde en vez de admirar el éxito se persigue el fracaso, en vez de celebrar la creación de riqueza se la condena y se alaba al gobierno pidiéndole mayor asistencialismo paternalista. Finalmente diremos que en consecuencia cualquier parecido con la realidad nuestra no es mera coincidencia ya que con el imperio del populismo esto era un final anunciado: solo generó a través de estos años mayor nivel de pobreza, de desocupación, menos educación, y destrucción de la clase media, todo al amparo de un Estado paternalista e intervencionista que operó para que la población argentina sea cada vez más tristemente dependiente de él. Por lo tanto, saque usted sus propias conclusiones.

Juan L. Marcotullio marcotulliojuan@gmail.com precisamente por ser funcionarios del Sector Público. Las referidas autoridades, de acuerdo a su función, debieran velar por que sus administrados, es decir, el pueblo que les otorgó el voto disponga de los servicios médicos de alta calidad, al fin y al cabo, son dirigidos por un ministro formado en una Universidad Nacional de orden fiscal. La acción del jefe del servicio médico presidencial de muestra que no tiene confianza ni en los médicos ni en el personal que atienden los centros asistenciales públicos. El problema es que la atención que reciben las autoridades tiene costos pagados por el erario nacional que devienen de los impuestos. Es decir, que, presidente, vicepresidente e intendenta disfrutan del esfuerzo y trabajo de los asalariados y a cambio les endilgan más impuestos, inflación y desajuste constante de los precios de los productos requeridos para su mantenimiento, lo que es contraproducente. Este panorama trae a la memoria la figura del médico Arturo Umberto Illia, (1900-Pergamino-1983, Córdoba) que murió en un hospital a los 83 años, quien renunció a su jubilación presidencial y que fue un acérrimo defensor de la salud y educación públicas y que vivió en casa alquilada en la ciudad Cruz del Eje hasta que 4 mil pobladores se la entregaron en propiedad en reciprocidad a los servicios médicos prestados gratuitamente desde donde partió su féretro (hoy es un museo). Fue derrocado por una junta militar que encumbró al general Juan Carlos Onganía. Estos actos muestran una marcada discriminación que contraría el Art. 8 de la Constitución que sostiene que todos los ciudadanos gozan de derechos y privilegios. Es este caso los funcionarios disponen de ventaja con dinero del propio pueblo. En función de la Carta Magna todos los funcionarios públicos deben ser derivados obligatoriamente a centros asistenciales del Ministerio de Salud de la Nación, como dije, como un imperativo de conciencia y ética.

QFernando Sotomayor Alberdi 139-3 - S. M. de Tucumán

La falta de experiencia y el desinterés de un sector del oficialismo contrasta con la claridad y la contundencia del artículo periodístico del espacio “Yo te avisé”, de LA GACETA del 17/03, que expone con claridad las deficiencias de la gestión y los daños electorales, que la crisis social, impulsada por la inflación podría causar en las urnas. Este escenario de crisis socioeconómica impone a las autoridades y a los candidatos poner su autoridad y capacidad al servicio de la gente, ya que la emergencia está agotando la paciencia del pueblo, que tendrá que afrontar un proceso espinoso, en busca de la luz al final del túnel. En cuanto a la obra pública, hasta hoy estandarte de la campaña política, el artículo de referencia les refregó en la cara a las autoridades y a los candidatos, la frase peronista “Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”, advirtiéndoles que el derecho a elegir el 14/05 se puede convertir en una cuestión de supervivencia para el pueblo, que en el cuarto oscuro podría optar por sobrevivir, dejando de lado la obra pública, porque las reiteradas remodelaciones de una plaza principal, la recuperación de espacios públicos, los gastos de un cincuentenario, el cordón cuneta, el pavimento articulado etc., en semejante crisis social, pasa de inmediato a segundo término (“Algo más que Obras”, LA GACETA, 05/12/22) en la escala de la supervivencia de la familia.

José Emilio Gómez gjoseemilio823@gmail.com