“Lamentablemente, hoy el Norte Grande se asocia con la palabra ‘asimetría’”, asevera el gobernador Osvaldo Jaldo. Y añade que la pobreza también se combate con acceso a servicios básicos. Justamente, el Norte Grande acaba de dar un gran paso para hacer valer su peso parlamentario. El constitucionalista Luis Iriarte analiza la crisis del federalismo.

En el primero de sus artículos, la Constitución de los argentinos establece que la Nación argentina adopta para su Gobierno la forma representativa, republicana y federal. La representativa hace, directamente, a la democracia. La república, al sistema de contrapeso y relaciones entre los poderes que alumbra la calidad institucional. ¿Y el federalismo?

En el ya canónico Diccionario de Política de Norberto Bobbio, Niccola Matteucci y Gianfranco Pasquino, se advierte que el término en cuestión “se usa para designar dos objetivos diferentes”.

La primera acepción, meramente, refiere a la concepción del estado federal. La segunda, más amplia, “se refiere a un panorama global de la sociedad”.

“El federalismo es entendido como una doctrina social de carácter global, como el liberalismo o el socialismo (...), que entraña una actitud autónoma hacia los valores, la sociedad, el curso de la historia”, determinan los autores.

Como la Argentina está organizada en distintos niveles gubernamentales (nacional, provincial, municipal y hasta comunal), pero no hay discurso político (sin distinción partidaria) que no reclame “federalizar” la Argentina, se torna evidente que hay un déficit de federalismo respecto de su segunda acepción: la de doctrina social. ¿De cuánto es la deuda?

“Lamentablemente, el Norte Grande hoy se asocia con la palabra ‘asimetrías’”, sintetiza el gobernador Osvaldo Jaldo.

“Para sacar a la gente de la pobreza también hay que darles servicios: energía, gas natural, agua, cloacas y transporte. El grado acceso a esos servicios básicos ya marca toda una pauta en materia de asimetrías entre esta región y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto que la pobreza es un fenómeno multicausal, pero también se explica cuando se advierte que los sectores medios y bajos de la población del NOA pagan el pasaje urbano de colectivo a $ 45, como en Tucumán, mientras que los porteños lo abonan a $ 18”, contrastó, en diálogo con LA GACETA.

“Así como la pobreza responde a múltiples causas, el abordaje de la solución también debe atacar distintas aristas. Comenzar a resolver las asimetrías en el acceso a los servicios implica comenzar a mejorar la calidad de vida de las personas”, puntualizó, en vísperas de ser anfitrión, precisamente, de la próxima reunión de gobernadores del Norte Grande. (Se informa por separado)

¿Cómo se puede revertir el desequilibrio que parece inclinar el mapa argentino hacia Buenos Aires (la ciudad y la provincia), como si la argentina fuese centralista y no federal?

La respuesta que asoma se encuentra dentro del propio Norte Grande. Y esperó dos décadas para empezar a sustanciarse.

Este mes, el Senado de la Nación, por unanimidad, dio media sanción al proyecto de ley que reconoce el Tratado Interprovincial de creación de la Región Norte Grande Argentino (NOA-NEA). El documento había sido suscrito en Salta en abril de 1999, y su Estatuto se aprobó mediante el Acta de Asamblea de Gobernadores el 24 de junio de 2004.

¿Que establece el acuerdo? La conformación de una región, con órganos de vinculación interestatal, conformada por 10 provincias: Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta, La Rioja y Santiago del Estero.

En términos pragmáticos, la región más pobre de la Argentina sienta 30 de los 72 senadores nacionales. Es decir, son el 71% de la Cámara Alta. O lo que es igual: tienen “la llave” para otorgar, o negar, los dos tercios requeridos para aprobar leyes especiales.

En la Cámara Baja, en tanto, los 10 distritos del NOA y del NEA cuentan con 65 diputados: el 25% de los 257 parlamentarios.

El peso político aparece como un elemento real para contrapesar la gravitación bonaerense, precisamente, porque la desfederalización de la Argentina se acentuó cuando la reforma constitucional de 1994 le quitó peso electoral al interior y se lo transfirió a Buenos Aires.

Antes de esa enmienda, la elección del mandatario nacional era mediante colegio electoral. Es decir, los argentinos votaban electores a Presidente: a cada provincia se le asignaba el doble de sus diputados. Y como Buenos Aires se encuentra subrepresentada en la Cámara Baja, sólo sentaba un tercio de los representantes del colegio electoral.

La nueva Constitución Nacional, en cambio, establecerá el voto directo. Entonces, como subraya el constitucionalista Luis Iriarte, la provincia y la ciudad de Buenos Aires suman el 45% de los electores argentinos. (Ver: “Las causas más relevantes de la crisis del federalismo argentino”)

La obvia consecuencia de semejante asimetría en términos de padrones será que, progresivamente, los sucesivos inquilinos de la Casa Rosada le darán cada vez más recursos al AMBA en desmedro del resto del país. Una decisión aberrante en términos de federalismo, pero de lógica implacable en materia electoral.

Por caso, desde hace una década, todos los binomios presidenciales ganadores han sido integrados sólo por candidatos de esas latitudes: Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou (2011-2015); Mauricio Macri y Gabriela Michetti (2015-2019); y Alberto Fernández y Cristina.

El que diseña el régimen electoral siempre está diseñando el poder. Sólo si el Norte Grande hace valer su peso parlamentario logrará mejoras en la distribución de la riqueza pública naciona. Porque en términos de realpolitik, poder con poder se paga.