“No se advierte una política de discapacidad a corto, mediano y largo plazo y el Gobierno sólo limita su accionar al asistencialismo basando su trabajo en el otorgamiento de pensiones”, dispara Leandro Sánchez, periodista y director de la revista Capacitados.

Según el Censo 2010 en Tucumán hay 205.000 personas con discapacidad (14,9%), por lo tanto, el 65% no cuenta con el certificado de discapacidad que le permite acceder a la obra social, cobrar las pensiones por hijo con discapacidad, tener transporte gratuito, entre otros beneficios, señala.

En este aspecto Sánchez dice que “hay una trampa a la hora de certificar la discapacidad. Esto tiene que ver con que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que se trata de una autopercepción y el Estado no puede obligar a una persona a certificar. Es una decisión personal el acudir a la Junta a solicitar el documento. Por lo tanto, el Estado no sale a buscar a las personas con discapacidad, sino que espera que se acerquen. La gran mayoría de las personas desconoce la existencia del certificado y sus beneficios por lo que no lo solicita y no hay campañas de información sobre este tema”, argumenta.

“El Gobierno incumple el cupo del 4 % del total de empleados de la administración con discapacidad y no hace cumplir el decreto que establece que las empresas concesionarias de servicios públicos también están obligadas a hacerlo: Gasnor, EDET, empresas de transporte, entre otras”, denuncia.